El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto-ley por el que ha aceptado la renuncia de Escal UGS, empresa participada por el Grupo ACS en un 66,67 %, a la concesión del almacén subterráneo de gas Castor y fija una indemnización para la compañía de 1.350 millones.Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, el montante de la indemnización será asumido en un primer momento por Enagás, empresa que actúa como transportista de gas, y posteriormente el sistema gasista, es decir, en última instancia los consumidores, sufragarán esta cantidad durante un plazo de 30 años.