El juez ha dictado la apertura de la fase de convenio de los acreedores y está a la espera de que se fije la fecha para la junta de Golf Sant Gregori. Se trata del momento a partir del cual la mercantil podrá salir del concurso y el primer paso para arrancar la urbanización. Se da por hecho que el resultado de este encuentro será el esperado, ya que en estos momentos la mercantil controla la amplia mayoría de la deuda --los créditos-- que en su día, a finales del año 2014, le llevó a solicitar entrar en concurso voluntario.

Este anuncio se realizó ayer por la tarde, en el salón de plenos del ayuntamiento de Burriana, que registró un lleno absoluto con motivo de la reunión convocada desde la asociación de propietarios a favor del PAI Golf Sant Gregori y que presidió la propia alcaldesa, Maria Josep Safont.

LOS PLAZOS // La asamblea tendrá lugar siempre después del verano y una vez la mercantil haya conseguido salir del control judicial y cumplido los cuatro puntos que en su día le llevaron a que el Ayuntamiento le rescindiera la condición de agente urbanizador, el acuerdo transaccional que se aprobó el 7 de junio ya será firme. Será en ese momento cuando la mercantil ya podrá comenzar el proceso para licitar las obras.

Prevén, según se informó ayer, que arranquen a lo largo del 2019, algo imprescindible para que el PAI no se vea abocado a las exigencias del Pativel, algo que redundaría en una importante reducción de la edificabilidad y, por lo tanto, del valor de los 2,5 millones de metros cuadrados de terrenos afectados por el PAI.

A lo largo de la reunión, el representante de la empresa inversora, Juan Lozano, aseguró: «Desde el primer momento buscamos la seguridad jurídica y vimos que el proyecto era viable». Añadió que, puesto que la compañía no es la que va a realizar las obras, sino que se sacarán a concurso, «el reto es que se rebajen los costes de urbanización lo máximo», concretó algo que redundará en una bajada de las cuotas a abonar por parte de los propietarios.

Del mismo modo, la alcaldesa, Maria Josep Safont, matizó que «no se ha dado ningún paso sin tener un aval jurídico» y en ningún momento se han salido de la ley. Safont añadió: «Hemos tomado todas las decisiones pensando en lo que es mejor para Burriana, los propietarios y la ley».

El edil de Urbanismo, Bruno Arnandis, señaló que «en los últimos tres años han venido hasta seis inversores, pero solo uno demostró que tenía interés».