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VINARÒS EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 4 instruye la causa

Industria analiza con la Abogacía del Estado los “conflictos de intereses” del caso Castor

El Ejecutivo podría tener puerta abierta para reclamar a Escal por la indemnización. Deberá resolver si se persona como acusación o defensa de varios imputados

 

Los imputados deberán acudir al juzgado de Vinaròs para declarar. - MEDITERRÁNEO

MERCHE MARTINAVARRO
31/01/2015

El Ministerio de Industria “está analizando con la Abogacía del Estado los posibles conflictos de intereses que se podrían producir en el transcurso del proceso judicial por el proyecto Castor”, que instruye el Juzgado de Primera Instancia en Instrucción número 4 de Vinaròs, que ha imputado a un total de 18 personas. Así lo confirmaron ayer a Mediterráneo fuentes del departamento que dirige el ministro José Manuel Soria, por lo que todavía no se ha personado en la causa, bien como acusación o bien como defensa de alguno de los imputados. Y es que, entre los 18 figuran exaltos cargos de Industria y de Medio Ambiente, además de responsables del Instituto Geológico y Minero de España, un organismo público de investigación, autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. A ellos hay que sumar los responsables de Escal UGS. De hecho, el quid de la cuestión puede radicar, según fuentes de la abogacía consultadas por este periódico, en que, para tener una puerta abierta en relación con el quebranto al erario público provocado por el pago de la indemnización de 1.350 millones de euros a la que fuera la concesionaria del macrofallido proyecto y poder reclamar a la empresa, la Abogacía del Estado, que representa a la administración, no podría defender el proceder de los funcionarios imputados, además de analizar el grado de responsabilidad que pudieran tener estos. Pues si justifica y ampara la labor de algunos imputados, no puede actuar de acusación en la misma causa judicial contra otros. Y cerraría la puerta a la posibilidad de que Escal UGS, si finalmente se considerara probada su responsabilidad y actuación irregular, tuviera que retornar toda o parte de la indemnización al Ejecutivo.

En la sentencia 4911/2013 del 14 de octubre, el Tribunal Supremo rechazó suprimir la famosa cláusula del contrato de construcción y explotación de la planta --que obliga al Estado a pagar por las instalaciones aunque hubiese habido dolo o negligencia por parte de Escal como así hizo--, pero esto no evita que, si se demuestra este dolo, el Gobierno pudiese denunciarla para rebajar el pago o evitarlo. H