La instrucción del Caso Castor se prolongará, al menos, hasta el 6 de diciembre del 2018. El juez del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Vinaròs, Javier Verdeguer, a petición del Ministerio Fiscal, ha autorizado prorrogar la investigación 18 meses --salvo que se estime conveniente solicitar un tiempo más-- debido a la publicación del informe del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) «el cual se encuentra redactado en inglés», de modo que «se hace preciso su traducción para efectuar un análisis que sea más profundo».

Un documento que, como ya indicó este diario, es contundente y, en sus conclusiones, desmonta prácticamente todas las acusaciones penales sobre el proyecto. De hecho, despeja cualquier sombra de duda sobre la actuación de los funcionarios y técnicos que redactaron los diferentes estudios, ya que establece que, en su momento y con la información y metodología disponibles, no se hubieran podido detectar los riesgos sísmicos.

En concreto, el MIT concluye que los pequeños terremotos que se registraron en el 2013 frente a las costas de Vinaròs fueron provocados por el funcionamiento de la plataforma pero, según el mismo trabajo, tanto los funcionarios investigados como los empleados y directivos de la empresa Escal efectuaron todos los estudios necesarios y adecuados.

Ahora, el juez Verdeguer señala que «solo tras el conocimiento íntegro del informe --las conclusiones son la única parte pasada al castellano-- nos encontramos en disposición de determinar las siguientes diligencias instructoras que pudiera derivarse y que podrían conllevar la realización de nuevas pericias». Unas investigaciones «que se considerarían indispensables para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de los responsables».

20 INVESTIGADOS / El conocido como Caso Castor cuenta con una veintena de investigados por posibles delitos de prevariación administrativa medioambiental y por delito medioambiental. Todos ellos ya han acudido a declarar a los juzgados de Vinaròs.

El testimonio en sede judicial de dos peritos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) confirmó que los trabajadores de los ministerios de Medio Ambiente e Industria solicitaron en su día los análisis posibles.