El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas situado frente a las costas de Vinaròs, ha desestimado el recurso presentado por la empresa Escal UGS, para que la Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca) no fuera acusación particular. Según recoge la resolución judicial, la mercantil (filial de ACS controlada por Florentino Pérez), que fue la gestora de la planta de almacenamiento de gas, argumentó que ni la asociación ni sus miembros habían acreditado daño alguno como consecuencia de la actividad de la plataforma Castor.

Aplaca nació en marzo de este año para reclamar vía judicial una indemnización por el riesgo asumido por la puesta en marcha de la plataforma del Castor.

El juez apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para rechazar la petición de Escal y mantener la personación de Aplaca por considerar que la asociación actúa «en representación de sus miembros, teniendo estos domicilio en localidades afectadas por los hechos». En su escrito, el instructor recuerda, como ya lo hiciera el fiscal en su escrito en el que se oponía a las pretensiones de Escal, que «el concepto de perjudicados en delitos como los conocidos en esta causa no puede limitarse a aquellos que sufrieron daños materiales».

Por estos motivos, el juzgado considera adecuado que los afectados canalicen sus reclamaciones a través de la asociación.

Y recuerda que todas las acusaciones han de actuar bajo una misma dirección letrada. En este sentido, el instructor determinó que sea el abogado que representa a la primera afectada que se personó en la causa la que defienda los intereses de otros dos particulares personados, para evitar que la falta de acuerdo entre las acusaciones dilate el procedimiento. Se trata de María José Boix Alfafar, una vecina de les Cases de Alcanar (Tarragona) que es, además, secretaria y tesorera de Aplaca y a cuya defensa legal, que es también la de la asociación, esta le asignó la responsabilidad de defender los intereses de perjudicados por los seísmos. H