La municipalización de la gestión de los cursos de la piscina de Nules acabó en los tribunales a finales del pasado 2017, después de que dos monitores denunciaron lo que consideraban un despido improcedente, en el que implicaron tanto a la empresa para la que trabajaban como al Ayuntamiento de la localidad y Cruz Roja. Un juez exime a ambas instituciones y señala a la mercantil como su única responsable.

Los empleados ven así reconocidos sus derechos, dado que la sentencia admite que tenían razón al considerar que se quedaron sin ocupación de una manera irregular. De hecho, el fallo impone a la firma el pago de una indemnización de 3.220,89 euros para uno de los afectados y 2.712,33 euros para el otro.

TRÁMITE LEGAL / Tras conocer la decisión judicial, el alcalde, David García, afirma: «Se constata que, como ya dijimos, el procedimiento por el que recuperamos la gestión directa de los cursos fue correcto y era la empresa la que debería haber informado a todos sus trabajadores».

Y es que la esencia de este problema estriba en que a los monitores no se les comunicó que el acuerdo que mantenían con el Ayuntamiento llegaba a su fin y el ejecutivo local ya había notificado que no iba a renovarlo.

Por un error administrativo, la publicación de las bases de contratación de los profesionales se retrasó, de manera que los damnificados no pudieron optar a incorporarse a la plantilla municipal una vez acabada la gestión privada. Al no contar con personal, el consistorio optó por recurrir temporalmente a los servicios de Cruz Roja para cubrir el servicio el tiempo que duraba el proceso de selección, razón por la que los denunciantes también implicaron a esta institución.

En aquel momento, se propuso a la mercantil firmar una prórroga durante este impasse, como informó Mediterráneo, pero esta se negó a continuar, sin informar de ello a sus empleados.