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VINARÒS para avanzar en los trámites

El juzgado del caso Castor urgirá los refuerzos sin esperar al juez titular

Las declaraciones de los imputados se realizarán en alguna de las salas de vistas . La toma de posesión de Víctor Capilla se prevé a finales de este mes

 

MERCHE MARTINAVARRO
01/02/2015

Refuerzos cuanto antes. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs no esperará a la llegada del juez titular para solicitar formalmente la necesidad de refuerzos por el aumento de la carga de trabajo que conlleva la instrucción del caso Castor en este órgano, que por ende, tiene las competencias en materia de violencia de género. Una situación que le obliga a estar de guardia permanente y que podría poner en peligro las declaraciones y demorar la instrucción de esta causa.

El juez decano de Vinaròs, Ignacio Lasierra, explicó a este periódico que la actual jueza sustituta del citado órgano requirirá, con su apoyo, previsiblemente un juez de refuerzo y un funcionario al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que lo traslade al Ministerio que preside Rafael Catalá y se hagan efectivos cuanto antes. De hecho, el ministro ya manifestó en una visita reciente a Castellón que tendrá “máxima sensibilidad” para reforzar este juzgado de Vinaròs debido al “evidente” aumento de carga de trabajo que tendrá con la instrucción de la causa, abierta esta semana y donde se ha imputado a 18 personas.

Y es que esta misma semana la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial resolvió el concurso en el que se incluía una plaza para el citado órgano judicial de Vinaròs y el juez Víctor Capilla será el titular del mismo. No obstante, todo apunta a que su incorporación se producirá a finales de febrero y “para avanzar en la tramitación, lo lógico es solicitar ya los refuerzos”, explicó Lasierra.

Solo la documentación aportada por la Fiscalía, junto a la denuncia, ya suponen ocho cajas repletas de informes que el juez deberá estudiar para decidir si ordena abrir nuevas diligencias de investigación al respecto.

Concretamente, la Fiscalía dirige sus acusaciones contra responsables del Ministerio de Medio Ambiente e Industria cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto, contra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y contra la empresa que construyó y explotó la planta, Escal UGS. A la vista de lo expuesto por el Ministerio Público, el juzgado acordó incoar diligencias previas para investigar los hechos supuestamente delictivos y cita a declarar a 18 imputados. En este sentido, con el fin de dar cabida a los abogados de las personas a las que imputa delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales, las declaraciones deberán realizarse en alguna de las tres salas de vistas existentes en el Palacio de Justicia vinarocense, ya que las salas multiusos se quedarán pequeñas para acoger a tantos letrados. H