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EL INFORME CLAVE PARA VINARÒS

Massachussets desmonta las acusaciones penales del Castor

El Gobierno remite al juez el estudio, que aclara que los microsismos no resultaban previsibles. Este análisis elimina cualquier sombra de duda sobre la actuación de los técnicos investigados

 

El Gobierno central ha decidido que no reabrirá el Castor y, de momento, seguirá en situación de hibernación. - MEDITERRÁNEO

R. D.
05/05/2017

El informe del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT en inglés) referente al Castor es contundente y desmonta prácticamente todas las acusaciones penales sobre el proyecto. De hecho, despeja cualquier sombra de duda sobre la actuación de los funcionarios y técnicos que redactaron los diferentes estudios, ya que el documento presentado el miércoles por el Gobierno establece que, en su momento y con la información y metodología disponibles, no se hubieran podido detectar riesgos sísmicos.

Así pues, el MIT concluye que los pequeños terremotos que se registraron en el 2013 frente a las costas de Vinaròs fueron provocados por el funcionamiento de la plataforma pero, según el mismo documento, tanto los funcionarios investigados en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs como los empleados y directivos de Escal efectuaron todos los estudios necesarios y adecuados.

De hecho, como ya publicó este periódico, la declaración en sede judicial de dos peritos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) confirmó que los trabajadores de los ministerios de Medio Ambiente e Industria solicitaron todos los análisis posibles para la correcta tramitación de la plataforma subterránea de gas natural frente a la costa de Vinaròs. Los peritos del IGME prestaron declaración en el marco del procedimiento abierto en el que hay 20 investigados por las presuntas irregularidades en la tramitación de la explotación de la planta. De sus manifestaciones vertidas en julio del 2016 se desprende que los funcionarios acusados de prevaricación actuaron de acuerdo a la ley. Escal UGS obtuvo la autorización administrativa el 7 de julio del 2010, tras responder a las alegaciones y presentar el estudio de impacto ambiental que le exigió la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

Pruebas sísmicas // Asimismo, dentro de la fase de declaraciones, los técnicos del Observatorio del Ebro manifestaron que, en una zona de riesgo sísmico bajo, instalar una red regional que monitorice la sismicidad previa al proceso de inyección ya supone un estudio de peligrosidad, aludiendo a las pruebas que realizó la filial de la compañía ACS.

Por ello, el Gobierno remitirá el documento al juzgado que también investiga un posible dolo o negligencia de la empresa para que analice las conclusiones del MIT y la Universidad de Harvard, que apoyan que Escal UGS actuó acorde a las necesidades.

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