Los municipios costeros de la provincia con deslindes iniciados y en trámite también quieren que la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, paralice los expedientes abiertos, tal y como ha hecho con el parque natural del Prat de Cabanes y Torreblanca, cuya demarcación ha suspendido por un periodo de dos años.
Las localidades implicadas en procesos exigen que se aplique también esta medida mientras el Gobierno estudia la reforma de la ley de Costas de 1988 e introduce cambios. Temen que, si los trámites se dejan abiertos mientras se varía la norma, estos se puedan aprobar de manera definitiva.
El portavoz de la Plataforma Provincial de Afectados por la Ley de Costas y alcalde de Nules, Mario García, asegura que, tras esta moratoria estatal para el enclave natural, “pediremos que se aplique a nivel general en toda la provincia y se paralicen todos los procesos administrativos mientras se reforma la normativa”.
Para García, “el logro para Cabanes y Torreblanca es importante, pero queremos esta suspensión para todos los municipios y la lucha del colectivo se centrará en este objetivo para todos”.
El Ayuntamiento de Torreblanca pidió hace dos semanas parar este límite y, el resto de municipios, bajo el paraguas de la plataforma provincial, se sumará.
El primer edil de Moncofa, Jaime Picher, también considera “imprescindible” la suspensión del deslinde “para salvar las viviendas en peligro” y confía en que “tras el paso dado en el Prat, se efectúen otros en Castellón”.
En Orpesa, la demarcación afecta a dos edificios en la zona de les Amplàries y el Ayuntamiento tiene la esperanza de poder salvarlos, según comentó el edil de Urbanismo, Tomás Fabregat, aunque peor suerte corrió el puente sobre el río Chinchilla, que fue derribado hace un mes.
Aparte de los deslindes, desde Castellón se solicita que también se anulen las órdenes de derribo ya cursadas y los procesos judiciales sobre las viviendas.
REUNIÓN // Por su parte, Burriana pedirá suspender la delimitación entre las desembocaduras de los ríos Anna y Millars y que afecta al proyecto de Golf Sant Gregori. Para ello, una delegación municipal se reunirá el martes con el director general de Costas, Pablo Saavedra, para tratar la cuestión.
No obstante, la provincia también reclama aplicar medidas contra la erosión, al ser la segunda provincia más degradada. Municipios como Almassora, Benicarló, la Llosa, Xilxes o Nules reclaman esta actuación, ya que cada vez más, el mar está ganando superficie a los terrenos.
A lo largo del litoral castellonense, hay más de 600 viviendas que están en el punto de mira al encontrarse en zona de dominio público debido a la regresión. H
