El desalojo del edificio 167 de la avenida José Ortiz de Almassora, popularmente conocido en la población como Grupo B, sigue sin solucionarse ocho meses después. La alcaldesa, Susana Nicolau, ha confirmado que se mantienen las negociaciones con las dos últimas familias que restan para abandonar el degradado inmueble y ser realojadas en otro.
De hecho, la máxima autoridad municipal informó de que el pasado jueves se entrevistó con una de las familias que residen en el bloque y que personalmente le hizo saber que el problema se centra en que en Almassora la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat valenciana (EIGE), titular del inmueble, no dispone de una vivienda de características similares, tal y como demanda el propietario. Según las mismas fuentes, la negativa a abandonar la finca se debe a no querer trasladarse de la misma población, en la que tiene hecha su vida desde que se instaló en el piso de José Ortiz. Su caso se resolvería si estuviera dispuesto a aceptar una vivienda en Castellón o en otro municipio cercano, pero de momento no se ha llegado a un acuerdo en este sentido.
El anterior equipo de gobierno, junto a EIGE, marcó el pasado 31 de diciembre como fecha para desalojar a las familias y realojarlas en nuevas viviendas. Un trabajo en el que también participó Servicios Sociales y que se fue resolviendo durante el pasado año, hasta que quedaron cuatro familias en la fecha fijada como objetivo por la administración.
Desde ese punto, las administraciones competentes apostaron por dar un tiempo a los residentes para abandonar la finca, en lugar de realizar un desalojo forzoso. De hecho, en junio las nuevas conversaciones iniciadas en abril para buscar nuevas alternativas a las familias dieron sus frutos y dos de ellas aceptaron trasladarse a una nueva residencia.
El objetivo de dejar vacío este bloque de viviendas es su demolición para evitar que los ocupen otras personas. En este sentido, uno de los dos inmuebles que aún siguen en pie fue tapiado para evitar este hecho. H
