La creación de un banco malo de la energía, el pago de la indemnización a través de la factura del gas o de los presupuestos del Estado o la nacionalización de las instalaciones, no aseguran el fin de los peligros ambientales, sociales y financieros del proyecto Castor.

Así lo señala un informe de las organizaciones Observatorio de la Deuda en la Globalización, Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia, Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda y Ecologistas en Acción.

Según ese documento, las opciones implican que la ciudadanía asuma la compensación a Escal UGS, e incluso el pago del mantenimiento de la planta, que quedaría aparcada pero podría ser utilizada en un futuro.

“Incluso el coste de un desmantelamiento sin juzgar a los promotores, debería ser asumido por los contribuyentes”, señala.

Estas organizaciones exigen “voluntad política” al Gobierno para explorar y llevar “hasta las últimas consecuencias la puerta entreabierta que dejó el Tribunal Supremo para anular el derecho a indemnización, “evitando que sea la ciudadanía quien asuma el pago de las deudas generadas por el proyecto”. Defienden el “no abono del débito y el desmontaje inmediato de las instalaciones” para que la población “quede a salvo de una hipoteca a más de 20 años que no es suya”. H