El pleno ordinario del Ayuntamiento de Orpesa sacó adelante ayer la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con los votos a favor del PP, en contra de Compromís, PSPV y Ciudadanos y la abstención de Sí Se Puede.

Según explicó el edil de Urbanismo, Tomás Fabregat, el plan se queda «casi como se expuso al público en el 2015», y contempla «dos millones de m2 de suelo urbanizable menos, entre 1.500 y 2.000 viviendas que se restan a las previsiones que contemplaba el planeamiento de 1982, con la protección de la franja litoral, como la Renegà Baixa, Torre Bellver, Bovalar y el Rejolar». Y matizó que «se multiplica la proyección del suelo hotelero».

En cualquier caso, el documento no incluye las indicaciones del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), al considerar que «aún no es una normativa legal y está en periodo de alegaciones».

DIFICULTADES

Fabregat aseveró que «tanto el Pativel como el dominio hidráulico crean dificultades añadidas a este plan, que en estos momentos son insalvables». Al respecto, insistió en que los principales problemas se presentan en áreas como la Renegà, «donde hay propietarios que construyeron en su día, pero los que no lo hayan hecho no podrán edificar y de ahí pueden derivarse responsabilidades patrimoniales».

«La parte sur, la del mirador, prácticamente se desclasifica también; y en la del Rejolar, la zona de la albufera, se inutiliza el sector, donde la idea del equipo de gobierno era crear un gran parque de 500.000 m2 en la parte frontal, abierto al mar», lamentó el concejal, quien criticó que, «sin embargo, la Conselleria de Medio Ambiente no asigna dinero para mantener estos espacios ni para las responsabilidades patrimoniales que pueda haber».

REVISIÓN

El plan debe ser revisado y aprobado definitivamente por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio que, en opinión de todos los grupos de la oposición, «va a tumbar este planeamiento».

Por otra parte, se aprobó por unanimidad una moción de Compromís de desacuerdo con el nuevo reglamento del dominio público hidráulico. En este punto, se aceptó una enmienda del PP para eliminar la propuesta para interponer un recurso contra el real decreto que lo regula.