El pleno de Orpesa aprobó ayer, en una sesión extraordinario, una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el sector noreste, que será remitida al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En caso de ser aceptada, supondrá la aplicación del acuerdo al que llegaron el Ayuntamiento y las partes implicadas en el litigio del edificio Bernat, que significará el pago de 1,5 millones de € de las arcas municipales. El objetivo es evitar su derribo, decretado por una sentencia del año 1990. El dictamen logró los votos favorables del PP y Cs, la abstención de PSPV y Sí Se Puede Oropesa y el posicionamiento en contra de Compromís. El concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, indica que pretenden «minimizar los costes, ya que de no aceptarse el trámite por parte del TSJCV, el importe a pagar podría ser mucho mayor».

El edil recuerda que el litigio se remonta a la década de los 80, por una irregularidad administrativa que afectaba a una zona verde, y añade que «los concejales que lo aprobaron tenían informes favorables de los técnicos».

De aceptarse el cambio, los 1,5 millones se aportarían a plazos, con cargo al remanente previa modificación de crédito, según indica el alcalde, Rafael Albert.

ENMIENDA // Los grupos rechazaron una enmienda de adición presentada por Compromís, que solicitaba incoar un expediente para pedir responsabilidades personales a los ediles y al arquitecto que sacaron adelante esta actuación. «La ley ya contempla esta exigencia, por lo que esta moción no tiene sentido y tampoco es el momento», explica Fabregat. El primer edil destaca que la moción hacía referencia a una ley, la 30/92, «que está derogada».

También desestimaron un recurso potestativo interpuesto por Cristina Agustí Matutano contra el acuerdo del pleno del pasado 15 de noviembre en el que ratificaron una reordenación del área municipal de Urbanismo.