El Ayuntamiento de Orpesa pedirá responsabilidades a los técnicos municipales que dieron el visto bueno a los informes sobre la licencia de obras del edificio Portomar (playa de la Concha), derruido en junio del 2010 por irregularidades en su construcción, bajo sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Así se acordó ayer, en el pleno, al aprobar una enmienda de Compromís que contó con el apoyo del PP, PSPV y Sí se Puede, con la abstención de Ciudadanos, y que se incluyó relativa a la propuesta de indemnización a los titulares.

La sesión extraordinaria y urgente dio luz verde a una modificación de crédito de 760.000 euros de los que se consignan 198.000 para zanjar el caso de Portomar y asumir la sentencia. La firma demandó al Ayuntamiento pidiendo costes de 520.000 euros, siendo condenado a pagar 298.000. La institución recurrió mediante un informe arquitectónico indicando que las obras podrían tener un valor de 150.000 euros más costes. El edil de Urbanismo, Tomás Fabregat, señaló que espera que “el juzgado acepte el recurso y que la parte a abonar sea de 198.000 euros”.

De ser admitido el recurso, quedaría concluido este proceso. Pero seguirán los trámites para reclamar “responsabilidades patrimoniales a los funcionarios que emitieron el informe favorable a la licencia” que fue declarada ilegal, indicó Fabregat, para que el “seguro de estos se haga cargo --si la ley así lo permite-- del quebrante económico municipal”.

Desde Compromís, Josep Lluís Romero, señaló la importancia de que “se iniciará un proceso de depuración de responsabilidades a los arquitectos municipales por los errores que provocaron su derribo” y a fin de que, en su día, “respondan personalmente de los perjuicios causados a la corporación con su negligencia”.

SECTOR AMPLÀRIES // El resto de los 760.000 euros de la modificación crediticia se consigna para asumir las obras del sector R5A, sito en les Amplàries, al ser el consistorio codemandado tras haber entrado en concurso de acreedores Comervi S.A. ejecutora del sector, aprobado en la legislatura del 1999-2003. Y es que la urbanizadora realizó obras que pasó al cobro a los propietarios de los solares y la sentencia dictaminó que carecía de legalidad. H