Nos toman por tontos». Esta frase describe la impotencia de los padres del colegio Regina Violant de Almassora, que denuncian el bloqueo de las obras del colegio y amenazan con no iniciar las clases el día 11 de septiembre hasta que no vean «que la construcción está en marcha».

Lamentan la situación en la que se encuentran sus hijos en el centro, donde desde hace ya 11 años estudian en aulas prefabricadas --«a la administración no le gusta que les llamemos barracones»», afirma la presidenta del AMPA, Esther Igual-- y denuncian públicamente «que la empresa Torrescámara no está cumpliendo su contrato». «La Conselleria de Educación nos ha mentido y nos tiene abandonados a nuestra suerte y por eso no nos pensamos quedar quietos durante más tiempo», afirma la portavoz de las familias de los alumnos.

«Ya han quitado hasta las grúas. Entendemos que para la compañía somos un mal menor, pero así no podemos continuar, ya que el próximo curso no sabemos ni cómo van a colocar los tres barracones nuevos que estaban previstos», asegura Igual.

«Hace meses, nos pusimos en contacto con Torrescámara, nos devolvieron la llamada cuando salieron cosas feas de ellos en prensa y nos dijeron que estaban muy interesados en reunirse con nosotros, pero todavía estamos esperando. El Ayuntamiento afirma que hace todo lo que puede, pero que es competencia de Conselleria y la Generalitat dice que la culpa es de la mercantil, que les quiere sacar el dinero con amenazas. Una vez más, nos toman por los más tontos del pueblo y ya está bien», denuncian.

Y es que el futuro de la construcción del colegio Regina Violant de Almassora sigue en el aire. Si bien se esperaba que la última reunión entre Educación y la adjudicataria de los trabajos culminara con una respuesta que desbloqueara la situación, todo permanece igual. La cita sirvió solo para aclarar temas técnicos.

El centro acumula retrasos después de que la empresa exigiera un modificado de obra de 1,2 millones de euros que fue rechazado por la Conselleria. A posteriori, Educación presentó un expediente de alteración del proyecto de los trabajos del colegio a la mercantil concesionaria por un importe de 243.210 euros. Todavía no se conoce el desenlace.