Tras el varapalo judicial recibido por las dos acusaciones particulares personadas en el caso Castor, a las que el instructor del procedimiento ha ordenado que deberán actuar bajo la misma dirección letrada para evitar que la falta de acuerdo entre las acusaciones dilate el procedimiento, se conoce ahora que la declaración de dos peritos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) confirma que los funcionarios de los ministerios de Medio Ambiente e Industria solicitaron todos los estudios posibles para la correcta tramitación de la plataforma subterránea de gas natural situada frente a la costa de Vinaròs.
Los peritos del IGME prestaron declaración como tales en el marco del procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, en el que hay 20 investigados por las presuntas irregularidades en la tramitación de la explotación de la planta. Según fuentes judiciales, de sus manifestaciones vertidas el pasado julio se desprende que los funcionarios acusados de prevaricación actuaron en todo momento de acuerdo a la legalidad. De hecho, a preguntas de la fiscalía afirmaron que «ellos habrían procedido exactamente igual que los funcionarios de la dirección de política energética y que sus compañeros del IGME del 2007 en el proceso de la tramitación». La empresa Escal UGS obtuvo la autorización administrativa el 7 de julio del 2010, tras responder a todas las alegaciones y presentar el estudio de impacto ambiental que le exigió la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental en el 2006.
SISMICIDAD // Asimismo, dentro de la fase de declaraciones, los técnicos del Observatorio del Ebro declararon ante el juez que en una zona de riesgo sísmico bajo, instalar una red regional que monitorice la sismicidad previa al proceso de inyección ya supone un estudio de peligrosidad sísmica, aludiendo a los estudios y las pruebas que realizó la empresa Escal UGS, filial de ACS de Florentino Pérez, durante las fases previas al proyecto con la supervisión del propio observatorio.
En enero del 2015, el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs decidió investigar la denuncia de la fiscalía de Castellón contra el proyecto Castor por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales. La investigación perseguía esclarecer si los seismos registrados en el norte de la provincia en septiembre del 2013 pudieron estar relacionados con la inyección de gas en esta plataforma subterránea. H
