Una de las soluciones que el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó planteará a los vecinos del grupo la Unión para solucionar los problemas de presión de agua que denunciaron en el pleno celebrado la semana pasada consistirá en acordar la cesión de la gestión del depósito de agua desde el que hasta ahora se suministraban a través de dos bombas de presión y que mantenían ellos.

Así lo anunció ayer la concejala de Urbanismo, Francesca Bartolomé que, como hizo la alcaldesa, Tania Baños, en la sesión plenaria a la que asistieron numerosos vecinos de los bloques afectados por esta situación, insistió en que todavía no han podido «concretar una reunión con ellos» porque continúan sin saber «quién les representa», ni han respondido a su «ofrecimiento público por ninguna vía», detalló.

Para resumir este conflicto, que para la edila Bartolomé tiene mucho de «político», hay que señalar que la supuesta deficiencia de fuerza afecta a unos edificios y no a todo el barrio.

Estos pisos se aprovechaban de una balsa con la que recibían el agua a través de dos bombas. Bartolomé recordó que la legislación vigente «prohíbe» el uso de este tipo de instalaciones si no están bajo la supervisión y control de una administración pública, ya sea directamente o mediante una concesionaria, como sería el caso de Facsa en la Vall d’Uixó.

La edila socialista remarcó que durante los últimos dos mandatos del PP «se ignoraba la ley» permitiendo que se mantuviera el uso de la citada infraestructura. Pero añadió más. «No hicieron nada para mejorar los graves problemas de insalubridad que sufría la zona por un alcantarillado antiguo», que hacía que los excrementos «salieran por las bañeras cuando llovía», pero «sí que hacen uso político de un problema que ellos nunca abordaron».