La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública distribuirá entre dos empresas, con plantas en las provincias de Castellón y Alicante, los residuos sanitarios de toda la Comunitat Valenciana que hasta ahora se llevaban a las instalaciones de Reyval en l’Alcora para su depósito y tratamiento.

Son Cespa, que trabajará con el material en una planta en la Vall d’Uixó; y Consenur, que cuenta con varias instalaciones para ello, entre ellas, una ubicada en San Vicente del Raspeig (Alicante). Así lo confirmaron este miércoles fuentes del departamento que encabeza Carmen Montón, en cumplimiento de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que desestima el recurso de casación interpuesto por la mercantil en contra de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anulaba al autorización ambiental integrada (AAI) otorgada a la firma para desarrollar su actividad. «Hemos tomado las medidas adecuadas para la gestión de los residuos, que temporalmente se repartirán entre distintas compañías que cuentan con los permisos pertinentes para hacerlo», apuntaron.

EL CONTRATO

La mercantil ganó la licitación en el 2013 y la Conselleria prorrogó en octubre del 2016 el contrato durante 12 meses más, ya que la resolución judicial que anulaba la AAI todavía no era firme y no tenía otra salida. No obstante, en cumplimiento de la sentencia del Alto Tribunal, el departamento autonómico podrá rescindir el acuerdo con la firma, como ya explicaron fuentes del Ayuntamiento de l’Alcora recientemente.

De hecho, desde la Generalitat confirmaron que están preparando «una licitación por procedimiento de urgencia para adjudicar el servicio de forma permanente». Y, mientras tanto, Sanidad distribuirá los residuos sanitarios entre las instalaciones de la Vall y de San Vicente del Raspeig desde el viernes. Es la fecha en la que la Reyval debe paralizar la actividad de entrada de este tipo de material, siguiendo las directrices de Medio Ambiente sobre la ejecución del fallo.

Y el día 23 las instalaciones deberán estar vacías de este tipo de desechos. Policía Autonómica y Seprona vigilarán que se cumplan las directrices de Conselleria, que a los tres meses realizará un estudio del estado del suelo y aguas subterráneas para garantizar que todo el proceso se ha llevado a cabo de forma correcta.