La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, denunció ayer públicamente las amenazas que han recibido por parte de la secretaria del Ayuntamiento, Paloma Sanz Barrera, los cinco miembros de la junta de gobierno local: la propia munícipe, Francisco Bargay, María Avelina Casanova, Iván Cardona y Teresa Isabel Galiano.

La funcionaria municipal advierte de que si el consistorio no aprueba el pago de las minutas de sus abogados, que ascienden a 6.269 euros por los pleitos impulsados por ella misma, entonces procederá a «defenderme no solo administrativamente, sino incluso penalmente, por el presunto delito de prevaricación contra quien resulte administrativa y/o penalmente responsable».

Así se puede leer en el escrito que adjuntó la primera edila en redes sociales, quien afirmó sobre este asunto que: «No nos negamos a pagarle, lo que queremos es que nos clarifique cuáles son los procedimientos por los que nos pide las minutas, porque lo que ha hecho es presentar seis facturas pro-forma. Además, se basa en que el resto de funcionarios sí que las han cobrado. Lo que pasa es que estas personas han presentado la factura después de cerrado el procedimiento y, encima, han quedado absueltos».

CONVENIO laboral // La secretaria argumenta, para solicitar el abono de estos procesos, que el convenio laboral de los empleados del consistorio contempla que la defensa jurídica es con cargo de las arcas municipales. Algo que se establece cuando sea por procedimientos por cuestiones relacionadas con la Administración.

En el caso de los pleitos de Sanz, ella es la demandante. «No nos consta que estas causas sean por defensa laboral, porque no lo especifica. Habrá que clarificar los litigios a reembolsar», aseguró Pérez sobre esta situación.

Recientemente, la polémica funcionaria se reincorporó a su puesto de trabajo, tras estar dos meses de baja por motivos de salud, y entre las primeras medidas que tomó fue presentar alegaciones al presupuesto municipal.