La modificación de la ley de Costas entra en su semana clave. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, tiene previsto reunirse con el consejo asesor de Medio Ambiente para tratar sobre esta normativa y su reforma, dando así los primeros pasos en los cambios, un trámite muy demandado por la provincia y que ya ha anunciado Cañete en dos ocasiones.
La administración estatal ultima un documento sobre las posibles variaciones a aplicar e incluye un análisis crítico sobre la actual normativa. Medios nacionales se hicieron eco ayer de este informe, aunque desde la Dirección General de Costas confirmaron que todavía no podían darlo por válido.
Los cambios a introducir en el reglamento, aprobado en el año 1988, se centrarían, según anunció el propio ministro, en preservar los derechos de los propietarios de viviendas situadas en primera línea de mar y que se han ubicado en ese punto por la degradación marítima. Desde la provincia, hay más de 600 casas que ocupan espacio público ahora, aunque no lo hacían cuando se construyeron. En este sentido, se prolongaría la concesión de ocupación.
El mayor temor de los afectados son los derribos. El último se produjo en Almenara y pesa una orden sobre un inmueble en Moncofa. También se exige luchar contra la erosión, ya que Castellón es la segunda provincia con más degradación. H
