El Ministerio de Medio Ambiente no fue ayer el único que se refirió a los cambios que se pretenden introducir en la ley de Costas de 1988. El Senado aprobó una moción por la que se solicita la paralización de la normativa hasta que no se realicen cambios en la misma. La propuesta, a instancias del grupo popular, se aprobó con 177 votos a favor (PP, CIU, PNV y CC), mientras que el PSOE se opuso.

El texto de la proposición solicita “flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de ocupación del dominio público terrestre para favorecer una aplicación homogénea de los mismos a las concesiones y autorizaciones para establecimientos de comidas y bebidas en el litoral”.

Además, exige “adecuar la compensación de los derechos adquiridos de buena fe y de forma legítima con anterioridad a la aplicación de la vigente ley restableciendo la seguridad jurídica”. Y, por último, se reclama “estudiar la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la ley, hasta que se pueda modificar, cancelando todos los actos administrativos”.

Por su parte, el senador del PSOE por Castellón Enrique Navarro lamentó que la Cámara Alta rechazara la proposición socialista para garantizar que “las playas sean públicas. El PP no ha permitido que se garantice la defensa de la propiedad pública”. Asimismo, aseguró que preguntará sobre las actuaciones que se van a realizar en la costa y si el Gobierno tiene conocimiento del estudio de la Universidad de Cantabria, que es “el más ambicioso, más concreto y más consensuado de los realizados”. H