Nuevo capítulo judicial en el conocido como caso Castor. Una de las partes personadas en la causa que se instruye en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs ha propuesto ante el titular del mismo la declinatoria de jurisdicción por considerar que el conocimiento del asunto corresponde a otro orden jurisdiccional, es decir, que decline su competencia en favor de otro juzgado, en este caso de la capital de España.

En la causa existen 18 personas imputadas por delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales. Las acusaciones se dirigen contra responsables del Ministerio de Medio Ambiente e Industria cuando se llevó a cabo la tramitación del macroproyecto energético fallido, contra el Instituto Geológico y Minero de España y también contra la empresa que construyó y explotó la planta marítima, Escal UGS. Por ello, la petición considera, por la naturaleza de los delitos y por donde se produjeron, que debería instruirse en Madrid.

Se trata de una medida que, de hacerse efectiva, eludiría en gran medida la presión social que supondría que el caso se instruya en Vinaròs y se juzgue en Castellón. Y es que los cientos de microterremotos registrados en las inmediaciones de la plataforma de inyección de gas natural, situada frente a la costa de Vinaròs, uno de los cuales alcanzó los 4,2 grados de magnitud de la escala de Richter fue sentido por la población, provocaron movilizaciones ciudadanas en la comarca del Maestrat y el sur de Tarragona.

Según ha podido conocer este periódico, el juzgado todavía no ha dado traslado a las partes de esa petición, tras lo cual, el resto de los personados informarán de su postura al juez antes de resolver este trámite. Si el juzgado falla en contra, puede recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial de Castellón y en casación ante el Tribunal Supremo (TS).

No obstante, según las mismas fuentes, ello no supondría ninguna dilación judicial ni suspendería el procedimiento, puesto que la instrucción del mismo continua con total normalidad con independencia del resultado.

En este sentido, el juzgado, que tiene las competencias de violencia de género y ya cuenta con una jueza de refuerzo con motivo del aumento de volumen de trabajo que supondrá este caso, tiene pendiente empezar a establecer el calendario de declaraciones.

Cabe recordar que Fiscalía abrió de oficio en octubre del 2013, tras cientos de seísmos, diligencias de investigación penal. H