La Sección Segunda del Tribunal Supremo deliberó ayer los recursos presentados por la Fiscalía de Castellón y el exvicepresidente primero de la Diputación Francisco Martínez contra la sentencia dictada en abril del año pasado por la Audiencia Provincial que condenó al exalcalde de Vall d’Alba a 8 meses de prisión y multa de 12.600 euros como autor de un delito de negociación prohibida a funcionarios.
El fiscal solicitaba para él un total de 4 años de prisión por este delito, además de por prevaricación, tráfico de influencias y fraude ilegal. Para el tribunal, Martínez conocía las parcelas sobre las que iba a construirse la depuradora de Borriol y se benefició de ello. El tribunal reprochó su actitud y no le creyó cuando, en su declaración en el juicio, mantuvo que no conocía los terrenos donde iba proyectada la infraestructura y no se leía los informes técnicos que rubricaba, siendo vicepresidente de la Diputación.
La sala absolvió al resto de acusados: el exalcalde popular de Borriol Adelino Santamaría, los dos hijos de Martínez, el empresario Raúl Babiloni y al empleado de este último Luis García, de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas.
El Tribunal Supremo dictará resolución en unos días.
