Nueva vuelta de tuerca al PAI Doña Blanca Golf de Torreblanca, un proyecto iniciado hace casi dos décadas y que no consigue ver la luz. El pleno extraordinario del Ayuntamiento que preside el popular Juan Manuel Peraire aprobó ayer, por unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE y Bloc-Compromís), retirar definitivamente la condición de agente urbanizador del programa a la mercantil Torremar, en concurso de acreedores, por “incumplimiento del contrato”.

Asimismo, se acordó retener provisionalmente los 8,3 millones de aval a la empresa mientras los técnicos municipales cuantifican los daños y perjuicios ocasionados por la urbanizadora, como defendió ayer el primer edil, quien explicó que la mercantil y las personas interesadas tienen 10 días para alegar.

“Ahora que ya tenemos el informe favorable del Consell Jurídic Consultiu sobre la resolución de la adjudicación, era el paso que teníamos que dar por el incumplimiento de Torremar, porque ellos mismos lo solicitaron y, dentro de unos 15 ó 30 días, con el informe de los técnicos en la mano, veremos qué se hace con los avales, si se les devuelve una parte, todo o nada”, relató. A este respecto, el portavoz del grupo municipal Bloc-Compromís, Carlos García, mostró su satisfacción por el acuerdo “porque la empresa quería irse de rositas y recuperar el dinero del aval y, finalmente, no ha sido así y se retienen los 8,3 millones de euros del PAI del golf, más los 3,1 millones como garantía del parque litoral”.

Torremar solicitó renunciar a la adjudicación por problemas económicos, una petición que el consistorio decidió llevar adelante, ya que no se habían cumplido los plazos marcados para el inicio de las obras en este proyecto urbanístico. Es por ello que la corporación aprobó el inicio del expediente para resolver la adjudicación en mayo del 2014. Ni entonces ni ahora, como insistió ayer el primer edil, se trató la propuesta lanzada por la empresa urbanizadora referente a renunciar a su condición de urbanizador a cambio de recuperar los avales, que ascienden a 8,3 millones de euros, depositados en su día como garantía de las obras.

Por ello, la firma comunicó al equipo de gobierno una opción que incluía la renuncia a urbanizar el PAI, así como la paralización de los recursos contenciosos iniciados por ambas partes. También proponía la cesión de 600.000 m2 (donde se ubicaría el campo de golf y que pueden estar valorados en 1,8 millones) que pasarían a ser de titularidad municipal, y la entrega de un millón de euros al consistorio en concepto de indemnizaciones a los propietarios para cubrir perjuicios por suspender el programa. H