Un grupo de operarios acaba estos días los últimos detalles de las obras de canalización de la desaladora de Orpesa en Benicàssim, aunque el grueso de la actuación ya concluyó en septiembre y se han efectuado también hasta siete u ocho pruebas para comprobar su correcto funcionamiento, una por cada kilómetro de su longitud, que alcanza los 7.270 metros.
Sin embargo, algunos aspectos claves como la cuantía que deben afrontar finalmente los distintos ayuntamientos implicados por la amortización de la obra o el coste del agua condicionan su puesta en marcha hasta lograr un acuerdo entre Acuamed y los consistorios que haga viable la infraestructura.
Una negociación que, como adelantó Mediterráneo, el Gobierno ha dejado para después de las elecciones del 20-D.
La alcaldesa, Susana Marqués, indica que los municipios implicados --Cabanes, Orpesa, Benicàssim, en el caso de la desaladora más al norte; y Moncofa y Xilxes, en la del sur--, continúan a la espera de una reunión para “clarificar los costes de amortización”, porque entienden “que la obra ha sufrido variaciones desde que se inició y de ello depende lo que el Ayuntamiento tiene que pagar finalmente”.
Y recuerda que el convenio “que el Ayuntamiento benicense tiene firmado por el ejecutivo socialista fija en un millón de euros la cantidad a abonar durante 25 años”. “Nosotros entendemos que no se ajusta a los precios reales”, remarca. H
