El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha reducido el tiempo de pago medio a proveedores, pasando de los 116 días que se registraban en el primer trimestre del 2016 a 51 jornadas en enero del 2017, según explicó ayer la alcaldesa, Tania Baños. En su opinión, «todavía queda mucho por hacer», pero considera que estos resultados son «fruto de la gestión económica que está realizando el actual equipo de gobierno, porque las empresas que trabajan para la administración local deben cobrar a tiempo. Tienen que mantener sus negocios abiertos y pagar a sus trabajadores. A servicio prestado, servicio pagado».

En este sentido, recuerda que el préstamo que solicitó el consistorio en la anterior legislatura para «cumplir con las firmas porque la que fuera alcaldesa, Isabel Bonig, gastó 8.000.000 de más durante su mandato». Un crédito que tenía una carencia de dos años, por lo que en el 2015 tenían «que empezar a amortizarlo». «Si antes hubieran gestionado bien la economía, ahora no estaríamos abonando 1,2 millones de euros anuales a los bancos para hacerle frente», lamentó.

Por otra parte, la munícipe hizo un balance de las cuentas municipales, destacando la rebaja de la deuda del consistorio en 3.780.894,39 euros desde el inicio de esta legislatura. Estos números «demuestran que ahora se va por el buen camino».

MENOS GASTO / Asimismo, «el esfuerzo» en la contención del gasto también ha permitido conseguir un remanente de tesorería en el 2015 de tres millones de euros, «pero la ley impuesta por Mariano Rajoy obliga a destinarlo a pagar la deuda a los bancos en vez de priorizar la inversión en proyectos para mejorar la ciudad y en ayudar a las personas». Por ello, mostró su apoyo a la negociación que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) va a abrir en 10 días con el Gobierno central para reformar la ley de racionalización de la administración pública para que se pueda «gastar el dinero ahorrado en mejorar la ciudad».

No obstante, pese a esta situación, «y gracias a las políticas implantadas», han conseguido «bajar la contribución, con la revisión del valor catastral de las viviendas y la reducción del 1,16% del tipo impositivo este año, dejando con ello de ingresar 147.000 euros a las arcas municipales», pero tienen que «priorizar la ayuda a los ciudadanos», apuntó la primera edila.