El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado por unanimidad en el pleno de febrero la creación de una comisión especial municipal para analizar la tramitación de la concesión de la licencia de obras de la planta terrestre del proyecto Castor. Esta propuesta fue presentada por el grupo municipal Compromís y fue secundada por todos los partidos, aunque con matices, ya que el PSPV y Esquerra Republicana calificaron la propuesta de “electoralista”.
El portavoz nacionalista, Domènec Fontanet, indicó que considera necesario dar este paso “para saber de primera mano cómo fue el proceso del otorgamiento de permisos”. Fontanet recordó que el 23 de diciembre del 2009 -con el gobierno de PSOE y PVI- entró por registro al consistorio la solicitud por parte de Escal UGS de la licencia de obras, y el mismo día los técnicos municipales informaron. “El 27 de diciembre se aprobó en junta de gobierno, cuando este procedimiento, normalmente, puede durar entre tres y seis meses”, matizó. “Visto esto podemos decir que hay indicios de trato de favor”, señaló.
Fontanet también dijo que la sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo número 2 de Castellón que anula dicho trámite dice que “la planta no se podía autorizar en terrenos rústicos, tendría que haber sido construida en zona industrial y reprocha que ni el consistorio ni la empresa analizaron esta alternativa”.
Para el edil de Esquerra Republicana, Lluís Batalla, la moción es electoralista. “Solo puedo entenderla por los pocos días que quedan para los comicios. No viene a cuento sabiendo que está en manos de la justicia”, consideró.
El portavoz del grupo municipal socialista, Jordi Romeu, por su parte, apuntó que apoyarán la comisión de investigación, pero matizó que “la aprobación fue a finales del año 2009 y ahora Compromís pide explicaciones, cuando toda la información está a su disposición en el ayuntamiento y tiene también todos los técnicos para preguntarles”. Romeu, que incluso sacó una caja con documentación del proyecto gasista y se la ofreció a Fontanet, explicó que “la declaración de interés comunitario se consideró innecesaria y fue por eso que se anuló la licencia de obras”.
Por último, el portavoz del PP, Lluís Gandía, dijo “no tener inconveniente” en la moción.
Señalar que esta investigación se suma a la batalla judicial abierta por los socios canadienses de ACS en el proyecto gasista (Dundee Energy) al discrepar con la refinanciación de Escal UGS. H
