El director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, informó ayer de que ocho funcionarios de diferentes administraciones de la Comunitat han solicitado acogerse al estatuto del denunciante tras revelar posibles casos de corrupción.

Llinares presentó en la comisión de Economía de Les Corts la memoria de la agencia correspondiente al ejercicio de 2017. El año pasado recibió 35 denuncias (el 6% de ellas anónimas) que han dado objeto a otros tantos expedientes, y aprobó una resolución de protección a un funcionario, un secretario-interventor de administración local, según detalló Llinares.

Hasta la fecha no se ha aprobado ninguna sanción (pueden aplicar multas de hasta 400.000 euros), si bien Llinares lamentó actitudes «no especialmente positivas».