Los alcaldes de unos 70 municipios españoles de diferentes signos políticos, entre ellos Castellón, Valencia, Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza y Valladolid, han reclamado poder endeudarse, acabar con la regla de gasto del Gobierno y decidir en qué gastar su superávit o el remanente de tesorería. Se trata de algunas de las propuestas de reforma para una financiación local justa, que han acordado durante los dos días que han participado en las Jornadas Municipalistas y que han reflejado en la llamada Declaración de València, que ahora trasladarán al Gobierno y a la Federación Española de Municipios y Provincias.
El documento reclama también, «como punto de partida», la reforma del sistema de financiación local, que «no puede verse postergada» y solicita modificar el régimen fiscal para cobrar el IBI a las confesiones religiosas por inmuebles no dedicados a culto o a atención social.
Antes de participar en las jornadas, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido la necesidad de que «el Estado se reforme profundamente para atender a la administración local, autonómica y central» porque «no puede haber un monopolio de las decisiones verticales por parte del Gobierno de España».
El municipalismo «es el espacio más directo para la fiscalización y el ejercicio de muchísimas competencias y capacidad para mejorar la vida de las personas», ha dicho y ha mostrado su confianza plena en los ayuntamientos «como un avance para la mejora de la calidad democrática».
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la clausura, ha achacado la falta de financiación autonómica y municipal «al imperio del dogma del control de la deuda y de los límites de gasto, lo que ha propiciado unos poderes públicos ineficientes e insuficientes para paliar el desequilibrio económico y social».
LOS MUNÍCIPES DICEN / Para el alcalde de València, Joan Ribó, los ayuntamientos deben dejar de ser «el patito feo» de la democracia y ha apuntado que «hay un clamor unánime por encima de los partidos: es hora de plantearse la reforma de la financiación municipal, para dar solución a problemas urgentes y derogar unos corsés que van mucho más allá de la Unión Europea y los planes de estabilidad».
Un encuentro el de estos días en el que también ha participado la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, quien ha reivindicado un pacto de Estado por una mejor financiación municipal y que se les «dé libertad para impulsar una política fiscal progresiva», donde se combatan las injusticias, así como impulsar una fiscal «valiente para que pague más quien más tenga».
