El pleno de Les Corts aprobó ayer la ley de fomento de la responsabilidad social, que incorpora criterios sociales, éticos y medioambientales en la contratación pública, e impide trabajar con empresas que operen en paraísos fiscales. El objetivo de esta ley, que contó con el apoyo de todos los grupos menos el PP --votó en contra-- es favorecer prácticas socialmente responsables en las administraciones públicas y en las organizaciones públicas y privadas.
La norma regula la incorporación de cláusulas de responsabilidad social y de transparencia en la contratación pública, entre ellas que los licitadores y contratistas no pueden realizar operaciones en paraísos fiscales que sean consideradas delictivas, como delitos de blanqueo de capitales o fraude fiscal. La ley que ve la luz es la segunda de España que aborda esta materia.
