El pleno del Consell acordó ayer declarar la urgencia en la tramitación del proyecto de decreto que desarrolla de la ley de renta valenciana de inclusión, lo que permitirá reducir al máximo los plazos y estar aprobado cuando la norma entre en vigor en abril. Así lo avanzó la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, quien señaló que el decreto de desarrollo regula aspectos concretos y procedimientos de la puesta en marcha de la nueva prestación que sustituirá a la renta garantizada de ciudadanía.

Esta prestación incluye, según Oltra, mejoras respecto a la anterior, como la ampliación y flexibilización de los requisitos para poder acceder a la ayuda; el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática. Para ello, la ley introduce novedades significativas como la de contemplar la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido, cuando hasta ahora había un límite de tres años, con una carencia de dos. Además, contempla dos modalidades de prestaciones económicas en función de la situación de vulnerabilidad económica, social o laboral de la persona y su unidad de convivencia.

De igual modo, se aumenta la cuantía que será de 515,13 euros, en el caso de un titular, y 706,46 euros para una unidad familiar de cuatro personas, a lo que se sumaría un 25% en el caso de necesitar ayudas para vivienda, así como pobreza energética.