El Gobierno valenciano ha animado a cargar en contra del objetivo de déficit impuesto por el gobierno central después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) haya aprobado este viernes elevar en una décima, hasta el 0,4 %, el objetivo de déficit para 2018 y el 0,1 % para 2019, cuando era del 0 %, y lo ha hecho con el rechazo del Gobierno valenciano, así como de otras cinco comunidades gobernadas por el PSPV (todas menos Extremadura, que se abstuvo), Cantabria y Cataluña.

El portavoz del Consell ha criticado que el Gobierno haya impuesto sus tesis y manifestó que espera una unánime reacción de las fuerzas políticas y de la sociedad civil.

Ha explicado que el conseller Vicent Soler ha votado en contra de este objetivo de déficit por considerar que no da satisfacción a los problemas de los valencianos y ha expuesto su más firme crítica a la política inaceptable del Gobierno del Estado.

El Consejo, presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se celebra a sólo una semana del anterior, y con la pretensión de suavizar los objetivos de déficit de las comunidades y permitirles una mayor holgura de gasto.

Sin embargo, las comunidades socialistas -entre ellas la valenciana, donde el PSPV gobierna con Compromís- han coincido en criticar esa décima de margen al entender que lo que necesitan es que se suavice la regla de gasto para poder invertir sus ingresos.

En concreto, el conseller de Economía, Vicent Soler, ha asegurado que la "decimita" de relajación en el techo de déficit ofrecida por el ministro Cristóbal Montoro es una "broma" y refleja "una magnanimidad que no resuelve nada".

Es un techo una décima superior al que se marcó en el Consejo de hace tan solo siete días, lo cual dará holgura presupuestaria a las comunidades, si bien, según ha apuntado Soler, "esa decimita" la considera la Generalitat Valenciana "una broma".

El cambio en una semana denota, para el conseller valenciano, que el ministro de Hacienda establece las directrices del sistema de financiación según "criterios volubles" e "intereses que no son las condiciones de vida de los ciudadanos".

Se trata de un cambio de posición "inquietante", ha dicho Soler, y por ello, la Generalitat expresa en el Consejo de Política Fiscal su oposición "a las formas" con las que ha actuado Montoro y al "fondo" de su propuesta.

"Una vez más el ministro actúa como juez y parte y decide por todos, de modo que el que parte y reparte, se lleva la mejor parte", ha resumido Soler.

Tal y como ha manifestado el conseller, la senda de estabilidad presupuestaria se sigue trazando en función de unos criterios simétricos, lo que permite a Montoro "ir a Bruselas y enjuagar sus problemas", ya que carga el principal peso de los ajustes sobre las comunidades y los ayuntamientos.

"No es seria" esta forma de actuar en un Estado constitucional y autonómico, ha añadido antes de proponer una modificación de las bases del sistema de financiación autonómica y del Estado de Bienestar.