El Consell ha vuelto a insistir ante el Gobierno de Mariano Rajoy en reivindicar la necesidad de recibir una compensación de la deuda generada por la infrafinanciación, una postura que, según se destaca desde la Generalitat, comparten otras cinco autonomías, además de Cataluña, que no acude a las reuniones para reformar el sistema de financiación.

Así se puso de manifiesto en la última reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación del Sistema de Financiación, donde el representante de la Generalitat, José Antonio Pérez, defendió que la reforma del modelo debe ir acompañada irremediablemente de una solución al problema de la deuda acumulada por la infrafinanciación.

La posición de la Comunitat Valenciana es asumida por otras cinco comunidades autónomas, y cuenta además con la conocida coincidencia en este sentido de Cataluña, que no ha participado en las reuniones, según las mismas fuentes de la Generalitat.

«EVITAR PARCHES» // En la reunión del Comité, otras seis autonomías se mostraron favorables solo a la reestructuración de la deuda autonómica y dos se pronunciaron por una solución mixta. En este sentido, la Generalitat considera que para el resto de la deuda que no le sea compensada a cada comunidad autónoma cabría plantear reestructuraciones. Sin embargo, la compensación previa de la deuda generada por la infrafinanciación es una medida necesaria para evitar parches o soluciones en falso al problema financiero de las comunidades.

José Antonio Pérez explicó que únicamente con la modificación del modelo de financiación no se acabará con el problema, y que sin propiciar una solución al lastre de la deuda heredada, que es responsabilidad de un modelo injusto, no se garantizará una solución de futuro, explicó.

Para los representantes de la Generalitat valenciana, la carga de la deuda que soportan las comunidades amenazará su viabilidad financiera a partir del momento en el que los tipos de interés se normalicen, dificultará la cobertura presente y futura de los servicios públicos fundamentales, y en definitiva, afectará a las perspectivas de crecimiento futuro de los territorios, según entienden los técnicos de la Conselleria de Hacienda.