El exministro y expresident de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, conoció en su primer día en prisión por el caso Erial que la jueza le imputa diez delitos, así como se difundió ayer que el también exalcalde de Benidorm habría cobrado alrededor de seis millones de euros en comisiones pagadas por el grupo empresarial de la familia Cotino.
Su defensa anunció el recurso contra la cárcel preventiva sin fianza al considerar que es una decisión «innecesario, desproporcionado e injusto», concretaron.
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València dictó un auto por el que acusa a Zaplana de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal. La UCO continuó con la investigación durante la jornada, en la que también continuó la recogida de información.
El auto explica igualmente que se investiga si el expresident, utilizó automóviles e inmuebles a nombre de diversas empresas, además de explicitar que habría cobrado seis millones de euros en concepto de comisiones de las empresas de la familia Cotino, dos de cuyos miembros, los empresarios José y Vicente, también fueron detenidos en la misma operación el pasado martes y la jueza dejó el jueves en libertad con medidas cautelares.
sociedades instrumentales // Apunta el documento, por otra parte, que el exministro habría reintroducido en España el dinero de las comisiones a través de sociedades de Uruguay, Panamá, Luxemburgo y Andorra.
El documento de la instructora enumera también tres empresas vinculadas a Zaplana a través de las cuales podría haber realizado operativas para blanquear el dinero: Turnis Silvatica, Medlevante y Gesdesarrollos Integrales.
En el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat, puesto en marcha en el 2003.
Las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora apuntan a que algunos de los empresarios beneficiarios de estas concesiones podrían haber pagado alrededor de diez millones de euros en concepto de comisiones.
Tanto en la privatización de las ITV como en las concesiones del Plan Eólico aparecen como beneficiarias, casi siempre en unión temporal con otras mercantiles, empresas propiedad o participadas por Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts, Juan Cotino. Durante este mañana, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han recabado más información del Plan Eólico, una documentación que la Generalitat guarda en el Centro Logístico de Riba-roja (Valencia), archivo definitivo de la documentación del Gobierno valenciano.
Además de Zaplana, la jueza dictó prisión para el abogado y Francisco Grau y el exalto cargo de la Agencia Valenciana de Turismo Joaquín Barceló.
