Varios directivos de una de las empresas que presuntamente financió de manera ilegal al PP valenciano confirmaron ayer en el juicio que sus jefes contrataron con la filial valenciana de Gürtel por servicios que no tienen constancia de que se realizasen.
Un total de seis testigos comparecieron ayer en el juicio a la rama valenciana de la Gürtel, que celebra la Audiencia Nacional, todos ellos subordinados de los empresarios que confesaron haber financiado ilegalmente al PP valenciano a través del pago de facturas a Orange Market -filial de la trama en Valencia- por actos electorales de las campañas municipal y autonómica de 2007 y de los comicios generales de 2008.
Dos de ellos, exdirectivos de la empresa Lubasa Desarrollos Inmobiliarios, confirmaron que su jefe les llevó un contrato con Orange Market para que lo firmaran, si bien dijeron no tener constancia de que ese servicio finalmente se realizase.
Se trata de dos facturas de 45.000 y 50.000 euros que, según la Fiscalía, Lubasa pagó a Orange Market por servicios inexistentes y que en realidad camuflaban pagos encubiertos de actos electorales del PP valenciano. Según uno de los subordinados, éste le dijo que firmara el contrato y que no se preocupase porque era «un tema del que se encargaba él» y no supo explicar el testigo cómo es posible que la hoja de pedido del servicio contratado a la Gürtel sea posterior a la propia factura.
