Doble mazazo judicial en apenas 24 horas para paralizar el plan plurilingüe de la Conselleria de Educación, que debe arrancar el próximo curso en los centros de Infantil y Primaria de la Comunitat. Y ya van tres. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha admitido a trámite, primero, el recurso de la Asociación en Defensa del Castellano, una entidad cívica del interior de Valencia y Alicante, y apenas unas horas más tarde, el del sindicato USO, después de la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de suspender cautelarmente el modelo lingüístico tras la petición formulada por la Diputación de Alicante.

Quedan pendientes de dictamen otros seis, del Foro por el Derecho a Elegir la Lengua Vehicular, la Federación Católica de Padres de Alumnos, el PP, Vox y los sindicatos CSI·F y ANPE.

En sendos autos muy breves, la Sala indica que «la cuestión debatida es idéntica a la de la Diputación de Alicante y las razones señaladas en aquel auto son totalmente trasladables a este caso, por lo que procede la misma solución jurídica». En el auto del 23 de mayo, la Sección Cuarta señalaba que, sin entrar «al fondo del recurso», encontraba «un atisbo de discriminación» entre los alumnos que cursaban los modelos con más valenciano y los que primaban el castellano entre las acreditaciones de los idiomas en los niveles básico, intermedio y avanzado, pese a lo que alega el letrado de la Generalitat». Y justificaba que «de no suspenderse hasta que recaiga sentencia, un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en la acreditación de idiomas».

IMPOSICIÓN Y CATALANIZACIÓN

Desde la Asociación en Defensa del Castellano, su presidente, Juan Francisco Ferri, explicaba ayer que están «ante la imposición de un valenciano catalanizado, que resta valor y minimiza al castellano, que es lengua cooficial, en la educación sin haberlo consultado ni con los padres ni con los profesores». Ferri indicó que «el objetivo del recurso es paralizar un sistema educativo que imponen el conseller, Vicent Marzà; la vicepresidenta, Mónica Oltra; y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig». Por ello, reclaman «su dimisión» y se suma a la manifestación convocada en protesta este viernes en Calpe.

MARZÀ: SIN CAMBIOS

El conseller de Educación, Vicent Marzà, reiteró ayer que «no cambia nada». «Volveremos a presentar los recursos que hagan falta y haremos exactamente lo mismo que con el primer auto del TSJ», explicó ayer a Mediterráneo. «El fondo es el mismo y sobre el mismo tema --señaló--, y las entidades que han pedido medidas cautelares han usado los mismos argumentos que la Diputación de Alicante». «Nos mantenemos firmes en la defensa de los intereses del alumnado valenciano para garantizar el plurilingüismo». Tiene cinco días para la apelación.