El juicio por el despido de la exdirectora general de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, que ha pedido al menos 10 millones de euros por su despido, ha quedado visto para sentencia, tras cinco horas de vista oral en las que la defensa ha negado que se falsearan cuentas económicas, mientras la acusación ha apuntado manipulación contable.
Tras las exposición de los informes, la aportación de pruebas documentales y la declaración ante la sala de testigos y peritos, será ahora la titular del Juzgado de lo Social 4 de Alicante la que decidirá si el despido de Amorós fue improcedente, como ha solicitado la representación legal de Amorós. Esta decisión podría conllevar el cobro de una indemnización cifrada, según la acusación particular, en 10 millones.
Además, ha instado a que se respete la pensión vitalicia de 369.497 euros al año aprobada cuando estaba al frente de la entidad, y después derogada.
La exdirectora general de Caja Mediterráneo fue despedida el 28 de septiembre de 2011 por los nuevos administradores de CAM a raíz de la intervención del Banco de España en julio de ese año. En ese momento, se la echó bajo la acusación de que había buscado “el beneficio propio, falseado las cuentas y realizado una gestión deficiente” mientras ocupaba el cargo de directora general. H
