La presión de la oposición para exigir las facturas de la caja fija de la Generalitat y las acusaciones de corrupción alteraron ayer la sesión de control al Consell de Les Corts. Después de que el TSJCV haya dado la razón a Compromís para tener los gastos corrientes de la Generalitat desde el 2006, todos los grupos de la oposición criticaron las negativas del Consell a entregar los justificantes.

Tras conocerse determinados gastos en restaurantes, compras o envíos de documentación, el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, evitó responder en los pasillos de Les Corts si estos dispendios son éticos o no --dijo que no se mete “en gastos personales realizados hace tiempo”-- y destacó que todos están justificados y fueron controlados a nivel externo e interno. “Están supervisados por funcionarios”, señaló durante el debate, y se preguntó si el PSPV “duda de la honestidad de los funcionarios”. Se trata de gastos “regulares, legales, presupuestados, contabilizados, fiscalizados” y supervisados, indicó.

Después, a preguntas de los periodistas, afirmó que solo una cuarta parte de las 160 cajas fijas de la administración regional están al servicio de altos cargos.

El diputado socialista Rafael Rubio consideró de “una cobardía política tremenda” el “justificarse en los funcionarios para explicar unos gastos que no se sostienen”. El diputado de EU Ignacio Blanco calificó las explicaciones de Moragues como “un insulto” y destacó que “decir que solo una cuarta parte de la caja fija es atribuible a los altos cargos es obviar que es esa parte la que motivó el escándalo”. ”El problema no es el mecanismo de la caja, sino el uso, que recuerda al de las tarjetas negras”, concluyó Blanco.

Por su parte, la diputada de Compromís Mònica Oltra afirmó que “el día en que se conozcan los gastos este Gobierno se cae entero”. “No es cierto que no se entreguen las facturas porque se vaya a colapsar la Administración, no hay que escanear 3 millones de facturas, solo apretar un botón, está todo informatizado”, dijo.

Sobre corrupción, el jefe del Consell, Alberto Fabra, reivindicó que no existe “un solo caso” en el que una sentencia diga que ha habido quebranto económico para las arcas públicas y el Consell no se haya personado. Torres le replicó que sí existe uno, la pieza número 5 del caso Gürtel y acusó a Fabra de ser “también responsable del saqueo” porque formó parte, junto a Alejandro Font de Mora, del consejo de administración de Castelló Cultural, que dio dos contratos “a dedo” a Orange Market por 224.000 euros. H