La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de libertad solicitada por la defensa jurídica de Eduardo Zaplana, quien se encuentra en prisión desde el pasado 24 de mayo por el caso Erial, al considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Este posicionamiento del Ministerio Público se ha producido después de que la defensa de Zaplana --ejercida por el bufete de Santiago Miláns del Bosch-- informara de que había pedido la libertad del expresidente de la Generalitat y exministro por razones humanitarias, o en su defecto arresto domiciliario.
La defensa justificaba esta petición por el estado de «grave enfermedad» de Zaplana, que en el 2015 fue sometido a un trasplante de médula después de que se le diagnosticara una leucemia.
Tras la declaración del expresidente ante la jueza instructora, la Fiscalía ya anunció su oposición a su puesta en libertad, con los mismos argumentos esgrimidos ahora, después de que los abogados del detenido expusieran en un escrito ante la jueza la leucemia que padece como argumento para su libertad.
En el auto de prisión, la magistrada acusó a Zaplana de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.
En el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión del también exministro al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en el 2003.
Las investigaciones judiciales realizadas hasta estos momentos apuntan a que algunos de los empresarios beneficiarios de estas concesiones habrían pagado alrededor de diez millones de euros en concepto de comisiones.
LA CAÍDA / Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa Imelsa y conocido como «el yonqui del dinero», un documento clave que ha permitido desentrañar la presunta trama de cobro de comisiones que ha llevado a la detención de Zaplana. Ese documento acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que denunció los hechos e inició una investigación.
Entre esos beneficiarios estarían Vicente y José Cotino, ambos en libertad con medidas cautelares, sobrinos de Juan Cotino, exdirector general de la Policía y exvicepresidente de Les Corts.
