El cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, que será juzgado desde el lunes en la Audiencia Nacional junto a otros 19 acusados por la supuesta financiación ilegal del PP de la Comunitat a través de la trama, negocia con Anticorrupción un acuerdo de conformidad que atenue su condena a cambio de reconocer los hechos y reparar el daño. Se trata de la posibilidad de un acuerdo del que Correa ha dado cuenta al Juzgado Central de lo Penal, que juzgará estos hechos, a través de un escrito en el que reconoce que el PP de Valencia pagó en B trabajos en campañas electorales contratados a Orange Market, la empresa valenciana de Gürtel del también acusado Álvaro Pérez, El Bigotes.

Correa confiesa que ese dinero se trasladaba después a Madrid para guardarlo en una caja B que él controlaba y de la que pagó a El Bigotes un sueldo por no poderle meter en nómina debido a sus problemas con Hacienda.

Tras expresar su deseo de colaborar para «esclarecer los hechos» y asegurar que son «ciertos» los que le atribuye la Fiscalía en su escrito de acusación, relata que la sociedad Orange Market fue creada por la trama cuando dejaron de trabajar para el PP en Génova. A través de un contacto de El Bigotes llegaron hasta el expresidente valenciano Francisco Camps y comenzaron a trabajar con los populares en Valencia.

DESEMBOLSO // El pago por sus servicios en campañas electorales se los abonaba el PP a Orange Market de tres formas: mediante facturas correctas, pagos en B o la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados a sus empresas. Asegura desconocer los detalles de «tales operaciones», y explica los roles de cada uno: El Bigotes se dedicaba a la captación de los eventos y su desarrollo; el segundo en la trama, Pablo Crespo, y otro integrante del llamado grupo Correa, Cándido Herrero, supervisaban desde Madrid los costes de los eventos. En este nuevo juicio, en el que se sentarán 20 acusados en el banquillo --entre ellos los exdirigentes del PP Ricardo Costa o Vicente Rambla-- Correa se enfrenta, antes de alcanzar un acuerdo, a una petición de la Fiscalía de 24 años y medio de cárcel. El juez central de lo Penal asumía el pasado diciembre la petición de Correa de desbloquear dos cuentas en Suiza para extraer los 2 millones de euros que la Fiscalía estima que se defraudó al financiar irregularmente las elecciones autonómicas y municipales del 2007 y las generales del 2008.