El Consejo de Política Fiscal y Financiera (que reúne al Gobierno y a las comunidades autónomas) aprobó elevar en una décima (hasta el 0,4%) el objetivo de déficit para el 2018 y el 0,1% para el 2019 (cuando era del 0%), y registrar equilibrio presupuestario ya en el 2020. La decisión se adoptó con el rechazo de ocho comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, cuyo conseller Vicent Soler califica de «broma» la «decimita extra» ofrecida ahora por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Además de la Comunitat valenciana, gobernada por el PSPV y Compromís, rechazaron la medida cinco comunidades socialistas más (todas menos Extremadura, que se abstuvo), Cantabria y Cataluña, si bien esta última no pudo votar en contra al enviar como representante al secretario de Economía, Pere Aragonés, y no al conseller. A favor se posicionaron las regiones gobernadas por el PP (La Rioja se ausentó), así como Ceuta, Melilla y Canarias.

La décima de margen que otorga el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas en 2018 y 2019 procederá de la Seguridad Social gracias a los buenos datos de las cotizaciones, así como de los nuevos ingresos que se derivarán como consecuencia de la subida salarial que se fije en la negociación colectiva.

REACCIONES // El portavoz del Consell y conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, critica que el Gobierno central haya impuesto sus tesis y espera una reacción unánime de las fuerzas políticas y también de la sociedad civil.

Alcaraz explica que el conseller Vicent Soler votó en contra de este objetivo de déficit por considerar que «no da satisfacción a los problemas de los valencianos» y expone «su más firme crítica» a la que tilda de «política inaceptable del Gobierno del Estado».

En ese sentido, Vicent Soler afirma que están «hartos de que el Ejecutivo central cargue sus problemas sobre las espaldas de las autonomías a costa de los servicios básicos de los ciudadanos» y señala que «esa décima mantiene la lógica de que es el ministro el que parte y reparte y se queda con la mejor parte», detalla.

A su juicio, Montoro justifica con Bruselas las decisiones a tomar, pero en el Estado él hace el reparto y lo hace sin tener en cuenta razones, criterios objetivos o el peso relativo de las comunidades en el gasto público y, «menos aún, la naturaleza de los servicios de las comunidades, que son los servicios básicos».

Por su parte, el ministro defiende que la variación de los objetivos de déficit y de deuda públicas para las comunidades autónomas para el próximo 2018 «obedece a una negociación política» para sacar adelante los presupuestos del año próximo.