El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al exministro socialista de Interior Antoni Asunción (1993-1994) por delitos de administración fraudulenta y apropiación indebida por la venta de su participación en la piscifactoría Acuigroup Maremar (de Sagunto, pero también con centro de cría de peces en Burriana) al Banco de Valencia.

En una providencia, a instancias de Fiscalía Anticorrupción, el juez también convoca al expresidente de la Fundación Valencia CF y cofundador de la sociedad, Társilo Piles, para declarar como imputado el 23 de junio.

Pedraz investiga en una de las piezas contra la antigua cúpula del banco valenciano la operación por la que se hizo con parte de la sociedad ya liquidada, dedicada a cría de dorada y lubina. El consejo de administración aprobó en 2006 la entrada en la sociedad adquiriendo un 20% de Acuigroup a través de Inversiones Valencia SCR (IV SCR), participada en un 100% por Banco de Valencia.

Se hizo bajo la condición de elaborar un informe de revisión contable, que concluyó la inexistencia de contabilidad en el año 2006, mientras que no se pronunciaba sobre las existencias, principal partida del balance, según un informe del Banco de España, que consta en la causa.

Pese a que no se informó al consejo, la entidad “consideró que la empresa valía 30 millones y se desembolsaron 6 millones, de los que tres se pagaron en una ampliación de capital y los restantes a los anteriores socios que, no obstante, mantuvieron” la gestión de Acuigroup. En julio del 2010, la junta de la piscifactoría acordó un aumento de capital de 2,3 millones, asumido por IV SCR, la cual desembolsó a su vez una prima de 2,7 millones.

COFRADÍA DE BURRIANA // Inversiones Valencia se hizo con el 68,01% de capital; el exministro y Piles seguían de titulares --directamente el primero y por Urbanizadora Petrus el segundo-- del 31,85%; y la Cofradía de Pescadores de Burriana del 0,14%. Ya entonces “estaba en impago generalizado” y, en octubre, Banco de Valencia “obtuvo evidencias de manipulación contable” y encargó informe a Garrigues. Este detectó que, una vez adquirió la participación mayoritaria, IV SCR “informa” de “incorrecciones, con una sobrevaloración de las existencias” de 2006 a 2009. La corrección evidenció una pérdida entre 2010 y 2011 de 20 millones, “magnitud muy relevante en comparación” con el resultado del primero, de 60,6 millones. Al saberlo IV SCR y Banco de Valencia encargaron a Deloitte un análisis “en profundidad” y a esto se opusieron Asunción y Piles. Al final, en 2011, Deloitte concluyó un desfase de 25 a 30 millones de euros. H