El pleno del Consell aprobó ayer el nuevo decreto de reconocimiento de dependencia, que unifica la normativa autonómica que existía sobre dependencia, agiliza procedimientos y amplía la red pública de valoraciones, según detalló tras la sesión la vicepresidenta, Mónica Oltra. El decreto, pionero en España, regula prestaciones y procedimientos, así como la red pública de valoraciones, que incluye desde servicios generales municipales a residencias públicas, hospitales de media y larga estancia, unidades de salud mental y prisiones.

Las valoraciones las podrá hacer el personal con titulación social o sanitaria con la acreditación necesaria para hacerlo, lo que permitirá pasar de 17 a más de 400 profesionales solo en servicios municipales. Otra novedad es el régimen de incompatibilidades entre servicios, que permitirá a los dependientes pedir un máximo de dos. Para los niños con prestación de cuidador familiar también se podrá pedir otra que cubra terapias de estimulación o desarrollo cognitivo.

PLAZOS MÁS CORTOS // El decreto fija procedimientos independientes en plazos de resolución de grado y de Programa Individual de Atención (PIA), hasta ahora con un único dictamen que provocaba retrasos. Si las preferencias de la persona coinciden con el informe social de entorno, se aprobará automáticamente el PIA, lo que reducirá plazos en uno o dos meses.

Por primera vez se regula el proceso de revisión del grado y traslados entre autonomías. A casos sin plaza pública adecuada al grado en un ratio de 20 kilómetros del domicilio, se ofrecerá ayuda para servicio residencial.

Además, se incluye la atención residencial a personas con diversidad funcional de grado I reconocido. Las ayudas de asistencia personal se amplían a personas que no estudien o trabajen. El cuidador podrá ser familiar de hasta cuarto grado o persona cercana, y en este último caso constará en el informe social. Desaparece la incompatibilidad de trabajar para ser cuidador, de máximo dos personas. El cuidador no familiar deberá tener contrato.