Podemos lanzó ayer un órdago al Consell, al anunciar que presentará hoy, como enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat, su propuesta de tasa turística, uno de los objetivos que más de una vez ha señalado como irrenunciable para dar su apoyo a las cuentas autonómicas del 2018. La formación insiste en que su objetivo es que este impuesto se implante el año próximo, según indicó el portavoz de Economía de Podemos, David Torres, y la secretaria de Políticas Públicas, Rocío Segura. Sin embargo, se trata de una tasa que cuenta con la clara oposición del sector, la Agencia Valenciana de Turismo y el Consell de Turismo de la Comunitat, tanto en el conjunto de la Comunitat como también la provincia de Castellón, donde también la Diputación la ha rechazado.

«MARGEN» PARA NEGOCIAR // Sobre si la tasa condicionará su respaldo al presupuesto, Torres indicó que el trámite parlamentario «da margen» para negociar y evitar una prórroga de los presupuestos. Y aseguró que, en puntos concretos como el turismo, el grupo parlamentario no apoyará las cuentas, si bien valorará las medidas sociales que se incorporen. Así, Podemos detalló que propondrá en Les Corts que el impuesto turístico se recaude en un tramo autonómico fijo, que supondría ingresar unos 30 o 40 millones de euros por una tarifa de entre 0,50 y 2 euros por alojamiento; y otro municipal, variable, y cuya aplicación decidiría cada ayuntamiento, pudiendo llegar a tres euros en esa suma, en el caso de los alojamientos.

El tramo autonómico fijo se destinaría a mejorar servicios turísticos e infraestructuras, a impulsar las buenas prácticas laborales, promoción del medio ambiente y a luchar contra la precariedad laboral, el intrusismo y el fraude en el alojamiento.

Quedarían exentos de esta tasa, si se aplica, los menores de 16 años, las estancias por causas de fuerza mayor, las que sean por motivos de salud y las estancias subvencionadas por programas sociales de las administraciones públicas de cualquier estado de la UE, como el Imserso.

Las tarifas fijas, entre 0,50 y 2 euros, se recaudarían en hoteles, apartamentos, viviendas turísticas, y casas rurales, hostales, pensiones, hospederías y albergues, cámpings, áreas de pernoctaciones para autocaravanas, y cruceros, entre otros establecimientos de alojamiento. Se aplicaría los diez primeros días y se bonificaría el 50% en temporada baja.