Tras la batalla abierta entre el PSPV de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y el Compromís de Vicent Marzà, conseller de Educación, por el requisito lingüístico en la futura Ley Valenciana de Función Pública, que se selló con la victoria de los nacionalistas frente a sus socios de Gobierno con la obligatoriedad del valencià a todos los funcionarios, sólo con la excepción de los sanitarios, el debate se trasladó ayer a Les Corts. El tripartito PSPV-Compromís-Podem aplaudió el requisito en el anteproyecto normativo, lo que, explican «contribuye a normalizar el valenciano», pero el PP y Ciudadanos (Cs) piden que «sea un mérito», porque «como requisito puede dejar fuera de la Administración a mucha gente».

El portavoz socialista, Manuel Mata, tildó el acuerdo de «puro sentido común, en aplicación del Estatut». Y defendió que se ha actuado con «el máximo de consenso», pues se garantiza que en las oposiciones del 2017 y «tal vez todo el 2018» no sea necesaria esa acreditación. Y pone el acento en que se hará un proceso «de reciclaje» que «no perturbará la actividad administrativa». «No hay imposición de nadie; ni nadie se ha arrodillado», se defendió.

El diputado de Compromís Paco García Latorre calificó el acuerdo de «histórico», con una «amplio apoyo sindical» y «un amplio consenso político». García añadió que la valenciana es la última comunidad es sacar adelante el requisito lingüístico, pues Baleares y Cataluña «lo hicieron hace 25 años», y el País Vasco y Galicia «también lo aplican».

Sandra Mínguez, de Podemos, destacó «el consenso», porque «respeta» los derechos lingüísticos de los ciudadanos y porque «enriquece» la Administración.

Para el diputado del PP Luis Santamaría el valenciano «no debe ser un requisito, sino un mérito», por lo que no es «de sentido común» exigirlo o «imponerlo», pues la consecuencia será «el empobrecimiento de la función pública valenciana», ya que «puede impedir que los mejores accedan al empleo público». Y cuestionó además «la actitud» del PSPV-PSOE, pues a su juicio, ha habido «una imposición de Compromís» y «los socialistas han vuelto a hincar la rodilla, con una «bajada de pantalones sin justificación», y adelantó que estudiarán si lo llevan a los tribunales.

El diputado de Cs Emigdio Tormo destacó que las lenguas existen «para tender puentes, para unir a los ciudadanos, y nunca para generar barreras ni para impedir a decenas de miles de ciudadanos acceder a un puesto de trabajo a la función pública». Y, como ejemplo, indicó que, con esta ley, él sería «incapaz de acceder a un puesto de funcionario», lo mismo que diputados de los otros grupos parlamentarios».