La secretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, anunció ayer martes que su formación presentará una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como ante el Síndic de Greuges «por las posibles injerencias» en la investigación sobre la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc-Compromís en las elecciones del 2007 y 2011. Además, los populares solicitarán la comparecencia urgente de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en Les Corts, «para que explique cómo tenía el auto antes que el denunciante y de que se levantase el secreto de sumario».
Ortiz se refirió a «la falta de medios» para hacer una pericial en el juzgado de instrucción número 21 de València, donde estaba la causa, y a «algún tipo de injerencia política» por parte del Consell. Así, pidió al PSPV, Compromís y al presidente de Les Corts y dirigente del Bloc, Enric Morera, que llevan «tanto tiempo dando lecciones de moral y de ética», a que primero «pidan perdón» y luego den explicaciones y asuman responsabilidades políticas.
Sobre Podemos, que apoya la acción del Consell, manifestó que los partidos que gobiernan (PSPV y Compromís) «les están engañando y tomando el pelo».
Asimismo, Ortiz calificó de «gravísimos» todos estos hechos, al tiempo que lamentó que, mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, está en China. «No sé si para la próxima sesión de control lo mandarán a Australia, y a la siguiente a Alaska, para que no tenga que dar cuenta de todo lo que tiene que decir», afirmó la dirigente.
«gobierno cobarde» // También desde el PP, la presidenta del partido en la Comunitat, Isabel Bonig, acusó al Consell de ser «un gobierno cobarde que se esconde y huye», cuando «no es capaz de dar las explicaciones que ha exigido a los demás». Además, instó a Puig a, «sin criminalizar a nadie, dar explicaciones políticas, porque de las judiciales ya se encargarán los tribunales».
En este sentido, remarcó que el PP es el «único partido que lucha contra el adoctrinamiento y el proceso separatista» del jefe del Consell y de la vicepresidenta, Mónica Oltra, en las calles y, «sobre todo, en los tribunales».
La presidenta del PPCV criticó que el «rodillo de Puig y Oltra» ahora «arremete contra la actuación de los tribunales» en un estado de derecho en el que «se respeta la independencia judicial».
«investigación impoluta» // Desde el PSPV, el portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, criticó que el PPCV quiera hacer un «Cifuentes, enmarañándolo todo» y afirmó que la investigación es «impoluta». De todos modos, lamentó que al PPCV «no le gusta como ha acabado» e informó de que la consellera comparecerá en Les Corts «para dar todas las explicaciones oportunas».
El socialista recordó que las presiones políticas «a los jueces y a la policía son de otra época que el PPCV conoce muy bien». Además, respecto a la prueba pericial encargada por el juzgado que no se pudo realizar, Mata aseveró que la Conselleria de Justicia «sí autorizó la realización de la prueba pericial como se autorizan la gran mayoría». Este trabajo podría costar 2.000 euros.
