Todos los partidos con representación en Les Corts Valencianes, salvo el PP, dieron ayer credibilidad a la confesión del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y responsabilizaron al expresident Francisco Camps por permitir supuestamente el saqueo de fondos públicos. Desde el PSPV, su diputada Ana Barceló dio un paso más al pedir la ilegalización del PP nacional por lo que entiende fueron «prácticas corruptas».
El PP de la Comunitat Valenciana, por su parte, rehusó pronunciarse sobre la citada confesión alegando que no valora «temas judiciales ni estrategias de defensa» mientras desde Vitoria, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, dijo que tiene confianza en los jueces y espera que el proceso judicial «aclare la verdad».
El president de la Generalitat, la vicepresidenta, portavoces parlamentarios del resto de partidos y el alcalde de València ofrecieron sus valoraciones sobre el texto remitido por Correa al fiscal en el que confiesa que el PP de la Comunitat pagó en B trabajos en campañas electorales contratados a Orange Market.
Correa, que será juzgado a partir del lunes en la Audiencia Nacional junto a otros diecinueve acusados por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano a través de la trama, negocia con Anticorrupción un acuerdo de conformidad que atenúe su condena a cambio de reparar el daño.
El jefe del Consell, Ximo Puig, defendió la presunción de inocencia, pero manifestó que es «más que evidente que hay pruebas acumuladas de que hubo una financiación ilegal del PP» y de que este partido, «en momentos determinantes», ha ganado las elecciones «haciendo trampas».
PIDEN LA DIMISIÓN DE CAMPS // La vicepresidenta, Mónica Oltra, por su parte, cree que Correa ha dicho «lo que en València casi todo el mundo sabía» y ahora se sabe «en el resto de España».
Paralelamente, la diputada del PSPV Ana Barceló pidió la ilegalización del PP nacional al decir que «estamos convencidos, como dice Correa, de que Camps era el eslabón perdido, la X que hemos buscado durante años», motivo por el cual pidió que el expresident deje el Consell Jurídic Consultiu valenciano (CJC) y a la actual presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que dé explicaciones al respecto.
El portavoz de Compromís, Fran Ferri, consideró ayer que «la confesión de Correa, lo que viene a decir, es que el PP pagó su campaña con dinero que debería haber ido a educación, sanidad o dependencia y que Camps era el máximo responsable de ese saqueo de fondos públicos».
El secretario general de Podem, Antonio Estañ, exigió también a Camps que deje el CJC y dijo que esa confesión «vuelve a confirmar que el PPCV no sabe presentarse a las elecciones sin incumplir la ley», por lo que reclamó también a Bonig que deje de defender a Camps para hacer honor a la «supuesta regeneración» que pregona.
La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, coincidió con el resto de formaciones en solicitar al PP que «pida disculpas uno por uno a todos los valencianos» y el alcalde de València, Joan Ribó, calificó de «ataque flagrante a la equidad democrática» los supuestos pagos ilegales a la trama Gürtel.
