El president de la Generalitat, Ximo Puig, planteó este martes una reforma de la Constitución que dibuja un vuelco en el reparto de poder entre las comunidades autónomas y el Estado, al proponer un modelo federal, que reconozca la plurinacionalidad de España y, además, recortar de forma muy precisa las competencias de Madrid, dejando fuera, por ejemplo, a las Cortes Generales de la capacidad legislativa sobre la aprobación y modificación de los estatutos de autonomía.
En un acto celebrado en el Palau de la Generalitat, Puig concretó el proyecto que ya avanzó el Consell hace menos de un mes su Propuesta política sobre la reforma de la Constitución Española y que incluye nuevos valores para hacerla «aterrizar en el siglo XXI» y nuevos derechos básicos.
La renovación de la Carta Magna, según el proyecto valenciano que defenderá Puig ante la comisión de la Cámara baja que aborda la reforma constitucional, debe contemplar, por otra parte, cuestiones como el cambio climático, la violencia machista y la igualdad de género, así como la rebaja de la edad para el ejercicio de los derechos políticos a los 16 años, o la equiparación de derechos entre personas extranjeras y los ciudadanos nacionales .
UN NUEVO PAPEL
La apuesta central del texto presentado por la Generalitat es la de cambiar de forma sustancial el papel de las comunidades autónomas, aclarando sus competencias, que crecerían, así como con la introducción de la garantía de la igualdad de financiación, junto con la «corrección de la asimetría entre el castellano y el resto de lenguas españolas». La propuesta de reforma establece, a su vez, que las bases esenciales del sistema de financiación deberían quedar establecidas en la Constitución, para concretarse posteriormente con las comunidades autónomas de forma multilateral en el Senado.
Los principios que regirían este sistema serían la suficiencia financiera, la igualdad, la lealtad institucional y la corresponsabilidad fiscal, y la multilateralidad y participación de las comunidades autónomas en todo el proceso de toma de decisiones que afectan a la financiación, con mecanismos para impedir las decisiones unilaterales del Estado.
Asimismo, se recoge que el nuevo sistema de reparto debería evaluarse y actualizarse por periodos de cinco años por el Senado, y que se debe constitucionalizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera como órgano dependiente de esta Cámara y con mecanismos para favorecer el consenso y la multilateralidad y reducir el peso del Gobierno.
Puig remarcó que el valenciano es el «primer gobierno autonómico que expresa la opinión de una necesidad de reforma» de la Constitución Española y que todas las autonomías deberían tener una «participación necesaria» en el proceso.
