La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha sufrido un nuevo varapalo judicial al confirmar el Tribunal Supremo la anulación del decreto que imponía la jubilación forzosa a los médicos en la Comunitat que llegaran a los 65 años. De esta manera el alto tribunal desestima el recurso de la Generalitat por considerarlo «inconsistente», dando el carpetazo definitivo a la normativa.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) informó ayer de la sentencia emitida por la Sección Cuarta del Tribunal Supremo, que anula de manera definitiva el decreto 136/2014 de la Conselleria, impone 3.000 euros en costas procesales a la Generalitat y le recuerda que no tiene opción a recurso.

Esta resolución ratifica la sentencia previa dictada el 26 de febrero de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que estimaba un recurso del CSIF, y consideraba que los funcionarios tienen la opción de prolongar el servicio activo por un periodo inicial de un año, prorrogable anualmente a instancias del interesado, y como máximo hasta la edad de 70 años. Esta sentencia del 2016 confirma el dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu al señalar que «el Gobierno valenciano no está habilitado para regular un derecho a la jubilación, como tampoco un derecho a la prolongación de la actividad».

Con la nulidad de este artículo quedan invalidadas aquellas jubilaciones forzosas realizadas sobre su base, que, en la práctica, resultan todas las llevadas a cabo desde la entrada en vigor del decreto 136/2014. El CSIF calcula que son más de 300 los facultativos afectados a los que Sanidad tendrá ahora que readmitir y abonar salarios no pagados.

En el caso de Castellón la medida afectaría este año a casi medio centenar de facultativos, mientras que estaba pendiente de resolver qué pasará con los profesionales que desde el 2013 se han venido jubilando a tenor de la decisión de la Generalitat.

Un acuerdo con los sindicatos en torno a la jubilación, que se alcanzó para permitir trabajar más allá de los 65 años, espera su último trámite desde el pasado mes de marzo. En noviembre, la consellera aseguró que estaría aprobado «en breve», una vez hayan finalizado los trámites administrativos que requiere la aprobación de la nueva normativa.