El Tribunal Supremo ha confirmado la anulación del decreto que impone la jubilación forzosa a los funcionarios de sanidad en la Comunitat Valenciana que superan los 65 años y desestima el recurso de la Generalitat por considerarlo "inconsistente".
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado este viernes de la sentencia emitida por la Sección Cuarta del Tribunal Supremo, que anula de manera definitiva el decreto 136/2014, impone 3.000 euros en costas procesales a la Generalitat y le recuerda que no tiene opción a recurso de casación.
Esta resolución ratifica la sentencia previa dictada el 26 de febrero de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que estimaba un recurso del CSIF, y considera que los funcionarios tienen la opción de prolongar el servicio activo por un periodo inicial de un año, prorrogable anualmente a instancias del interesado, y como máximo hasta la edad de 70 años.
Esta sentencia de 2016 confirma el dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu al señalar que "el Gobierno valenciano no está habilitado para regular un 'derecho' a la jubilación, como tampoco un 'derecho' a la prolongación de la actividad".
Con la nulidad de este artículo quedan invalidadas aquellas jubilaciones forzosas realizadas sobre su base, que, en la práctica, resultan todas las llevadas a cabo desde la entrada en vigor del Decreto 136/2014.
El CSIF calcula que son más de 300 los facultativos afectados a los que Conselleria de Sanidad tendrá que readmitir y abonar salarios no pagados, de los que medio centenar correspondería a facultativos castellonenses.
